Análisis / Regionalización y desarrollo

Para tener una base más amplia sobre la regionalización, adjuntamos el análisis hecho por el historiador Javier Tantaleán Arbulú, en su libro "Regionalización y Desarrollo".

1. REGIONALIZACIÓN Y DESCENTRALISMO: BASES PARA UN PROGRAMA POLÍTICO DEL SIGLO XXI

El presente ensayo tiene por objetivo proponer una estrategia de desarrollo regional como base para la transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas del país a partir del actual proceso de Regionalización y descentralización y que tenga como eje a los Gobier­nos Regionales.

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Partimos de considerar que la Regionalización y descentralización del país es una de las reformas más importantes que se ha producido en todo este mas de siglo y medio de vida republicana y que pone en tela de juicio todo el sistema político y económico de injusticia que ha llevado a nuestro país a la miseria y violencia social.
Para que un proyecto político sea viable en las circunstancias ac­tuales en que todos los Partidos están inmersos en una crisis ideológica y programática, se debe partir de las tendencias reales de la sociedad peruana que se expresan en la lucha por la Regionalización y descentralización del país y elevarlo al nivel de transformación revolucionaria de la sociedad.
Entendemos la revolución regional como el cambio de las estruc­turas económicas, sociales y políticas, que se han constituido por el desarrollo capitalista centralizado del país y que ha ocasionado
La primera parte de este ensayo pone en relieve la actualidad de las tesis apristas referidas al regionalismo económico y a la reforma del Estado que se formularan en los años veinte y treinta. La segunda parte se refiere al actual proceso de Regionalización y descentralización como base para un nuevo programa político de transformación social.
La tercera parte diseña los lineamientos programáticos de la revolución regional. Finalmente, la cuarta parte propone las bases de la lucha política actual a partir de la defensa y consolidación del proceso de Regionalización.
Este ensayo constituye una formulación inicial y señala las líneas matrices que deben ser debatida, ampliadas y precisadas para que efectivamente el pueblo pueda asumir estas banderas con el convencimiento que lo llevara a la emancipación social con libertad.

2. LAS BASES PROGRAMÁTICAS FUNDACIONALES DEL PAP

Las Bases Programáticas del APRA tienen su origen en el Primer Congreso Nacional del Partido Aprista Peruano que se realizó en la ciudad de Lima, en agosto de 1931.
Este Congreso estuvo conformado por las Delegaciones de los Comités Departamentales, Provinciales y los Sindicatos de los trabajadores Manuales a Intelectuales. La agenda era formular el Programa Oficial de Gobierno conocido como “PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA O PROGRAMA MÍNIMO”.
La noche del jueves 20 de Agosto del año 1931, en su Discurso ante el Pleno del Congreso Nacional del Partido Aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre califico al mismo de histórico, según el: «Debe sentar las bases doctrinales de aplicación para el Perú de los principios fundadores del APRA que hace siete anos quedaron sintetizados en sus cinco primeros enunciados continentales».
Mas adelante señala que: “Es pues, de este Congreso que saldrá el verdadero programa, la genuina doctrina política aprista y su plan de acción inmediata de Gobierno, que ha de regir en adelante y a los cuales tendremos que sujetarnos todos”.
Este documento programático es de singular importancia por su trascendencia histórica y su vigencia puesto que allí se plantean las tesis sobre la cuestión regional.
¿Cuales son esas bases programáticas fundacionales del APRA que hoy parecen olvidadas y que son el punto de partida para la formulación de un nuevo programa para el siglo XXI?
Revisemos a continuación:
El regionalismo económico
La primera parte del Programa se refiere a la «Estructura económico‑político‑social del Estado», allí se señala la necesidad de modificar la demarcación política del territorio nacional con un criterio fundamentalmente económico.
La tesis respecto al Regionalismo económico y el Descentralismo, Víctor Raúl la formula de la siguiente manera: «... consecuencia fundamental también de nuestro concepto económico de la política es lo que nosotros llamamos el regionalismo económico. Nosotros consideramos que es preciso la investigación previa de la realidad nacional, de la apreciación geográfico‑económica de la región. Sobre la región económica hay que erigir la región política.
Sobre el descentralismo Haya de la Torre precisa a continuación: “Este Regionalismo económico envuelve, pues, el llamado descentralismo es decir, lo implica, lo supone, va mas allá de el, porque lo garantiza mejor y no lo presenta como un fin, siendo el descentralismo en su un medio. De modo, pues, que la región económica es nuestra forma de acción descentralista, y dicho sea de paso, el aprismo que ha sido desde su fundación descentralista es y será descentralista».
Seguidamente afirma que: “el Regionalismo económico hará la delimitación política de las regiones de acuerdo con sus zonas de producción de riqueza. Sobre el regionalismo económico se establecerá el regionalismo político sin perder las líneas de la unidad nacional y sin perder la cohesión armónica de las Regiones con el Estado central. Nosotros sostenemos que en todos los órdenes de la administración debe primar el concepto económico de Región a fin de dar independencia económica, en cuanto se pueda, a cada Región y sobre esa base erigir nuestra administración y políticas educacionales. Una nueva demarcación política tendrá que hacerse alguna vez».
En el «Manifiesto de Febrero de 1932», el PAP precisa sobre el problema del regionalismo económico y la organización técnica del Estado, allí se señala: “Dos puntos son fundamentales al cumplimiento de la gran tarea histórica que el Aprismo se impone realizar para la reorganización total de la vida nacional, económica y política: El estudio y la división de las diversas regiones económicas del país y la organización técnica del Estado».
Para llevar adelante una nueva demarcación política del país de acuerdo a Regiones económicas y reorganizar el Estado técnicamente supone el estudio, la investigación de la realidad nacional. Por ello, Haya de la Torre plantea que: “El Regionalismo económico supone la investigación y clasificación científica de las diversas Regiones del país», de acuerdo con la realidad geográfica, grado de desarrollo de la producción, posibilidades, zonas de mercados próximas, etc. Esta clasificación que si se intentara empírica y fragmentariamente sería peligrosa, sólo puede hacerse mediante un estudio detenido y profundo, apartado de las apariencias infundadas, de verificaciones experimentales. El Congreso Económico representativo de todos los grados, aspectos y Regiones de la economía nacional, sería la única entidad capaz de afrontar esta cuestión de importancia esencial para el futuro del país

“Clasificadas las regiones, divididas geográficamente desde el punto de vista económico, la legislación regional sería su obvia consecuencia. Con ella el descentralismo ‑medio y no fin en política‑ devendría resultado ineludible”.
Las primeras conclusiones de estas tesis fundacionales del PAP podemos sintetizarlas de la siguiente manera:
1. Sobre la región económica hay que erigir la región política.
2. Que el desarrollo económico de una Región determina su demarcación política y no al revés.
3. La región económica es la forma de acción descentralista y que la constitución de Regiones económico‑políticas permitirá la descentra­lización.
4. Que la constitución de las Regiones no implica que la unidad nacional se pierda.
5. El concepto económico es la base para el desarrollo de la independencia econ6mica de cada Región.
6. Que el establecimiento de las Regiones que el país requiere implica la investigación detenida de la realidad en contraste con el empirismo y la improvisación.

La autonomía económica y administrativa de estas Regiones
Respecto a la autonomía económica y administrativa, en el “Plan de Acción Inmediata o Programa Mínimo”, se puntualiza lo siguiente:
“Daremos autonomía económica y administrativa a las regiones en que se divide el país... Para la descentralización económica la Ley fijara la Renta que corresponde recaudar y percibir a las regiones y las que corresponda al poder Central”.
En el Discurso‑Programa de la Plaza de Acho, se hace mención que “La región económica es nuestra norma de acción descentralista» y “La independencia de la Región tiene su base en la región económica, en la capacidad de generar sus propios recursos».

La segunda conclusión que plantean estas propuestas serian:
1. Las Regiones deben tener autonomía económica y administrativa.
2. Las Regiones deben percibir y recaudar las rentas que la Ley establezca.
3. La autonomía económica de las Regiones tiene su base en la capacidad de generar sus propios recursos.

Descentralización administrativa
El «Programa Mínimo» de 1931, establece los aspectos centrales de las relaciones entre el poder político y la decisión de la administración en el nivel central y regional.
En este documento se señala lo siguiente: «Por la descentralización administrativa cada uno de los poderes regionales organizados funcionalmente, asumirán las facultades administrativas que actualmente ejerce el ejecutivo en los asuntos que atañen exclusivamente a la circunscripción que representan, decidirán las cuestiones administrativas sin que el poder central revise sus actos y designarán su personal burocrático. El poder central conservará las facultades de acudir en los asuntos que interesan a dos o más regiones y en lo que atañe a todo el país».
En el “Manifiesto de 1932” se precisa la idea de la organización funcional del poder regional; «así como el Municipio funcional representaría el Gobierno Local inmediato de una región económica o de una parte de ella, el Parlamento funcional representaría el total de regiones económicas, o sea la Nación. Ya el regionalismo económico es punto de partida para la representación funcional en el Parlamento desde el momento en que la división territorial se haría de acuerdo con la realidad del trabajo productivo actual o posible de cada región».

La tercera conclusión que podemos sacar de estas ideas sería:
1. Que el Poder Regional se organice funcionalmente y ejerzan las facultades administrativas que actualmente corresponden al ejecutivo.
2. El Poder Regional designa su personal y sus decisiones administrativas no son revisadas por el poder central.
3. La representación funcional en el Parlamento tiene su base en el trabajo productivo de cada Región.
La reforma del Estado
También en el «Manifiesto de 1932» el PAP precisa el rol del Estado cuando se dice «según el programa del Partido Aprista Peruano, la posición actual del Estado que, económicamente esta sujeto a la influencia económica extranjera, dependiendo casi íntegramente de las fluctuaciones de esa economía, debe pasar a ser representativo de los intereses económicos de las mayorías nacionales».
En el Discurso‑Programa se hace referencia a la concepción que tiene el APRA sobre el Estado, allí se señala que es necesario reorganizar el Estado sobre la base del concepto económico de la política y naturalmente para reparar los errores del pasado sobre la base de los técnicos. La concepción del Estado se resume en la afirmación que hace Haya de la Torre: «Nosotros los Apristas propiciamos un nuevo tipo de Estado, basado no en el ciudadano como cantidad, sino en el ciudadano como calidad. Por eso nuestro Estado tenderá a ser un Estado de participación de todos aquellos que de una a otra forma contribuyeron con su trabajo es decir a la formación de la riqueza nacional.
Queremos un Estado en el cual cada hombre participe sin abandonar su función vital de trabajador; queremos un Estado en el cual el Experto y Técnico dirijan las actividades estatales a fin de enrumbar científicamente hacia un nuevo camino que resuelva nuestros grandes problemas».
La Regionalización del país implica la reorganización del Estado y sus funciones. Por ello se planteó que el regionalismo económico implica a su vez la reorganización técnica del Estado. Un Estado basado en los productores organizados que participen directamente en la conducción de las actividades estatales con el objeto de resolver los grandes problemas de nuestra patria.

Las Bases Programáticas del APRA
Hemos realizado una revisión sumaria de las principales tesis políticas primigenias del Partido del Pueblo en tanto estas tienen una vigencia fundamental para ser retomadas en su verdadera dimensión en las condiciones actuales en que muchas de ellas están desactualizadas por la propia dinámica del desarrollo de la formación económico social peruana experimentada en las décadas pasadas.

Resumimos estas tesis en lo siguiente:
1. La propuesta político programática del Partido Aprista formulada en la década del veinte tienen plena vigencia en el actual período de desarrollo del proceso de Regionalización y descentralización.
2. En ese sentido, dicho proceso es la continuidad de las tesis primigenias del APRA que el propio desarrollo de la sociedad peruana ha puesto a la orden del día y que por consiguiente debe ser actualizada programáticamente para este nuevo período histórico.
3. Los avances en teoría y praxis del proceso de Regionalización deben ser asimilados como punto de partida para un nuevo programa de transformación social y que permita la dirección y conducción de los intereses históricos de los trabajadores cuyo objetivo es lograr la justicia con libertad.
4. Dos son los aspectos centrales que deben ser desarrollados en un nuevo programa que revitalice las Banderas revolucionarias del Partido del Pueblo: la reorganización total del Estado que permito el ejercicio del poder político por los trabajadores y la reorganización de nuestra economía a partir de las Regiones con autonomía política, económica y administrativa.

3. EL PROCESO DE REGIONALIZACIÓN ACTUAL COMO BASE PARA UN NUEVO PROGRAMA POLÍTICO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Las principales propuestas para transformar el país fueron elaboradas en la década del veinte con el surgimiento de los Partidos políticos que han tenido determinante actuación a influencia en las sub siguientes décadas. Ellos son el Partido Aprista fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre y el Partido Socialista fundado por José Carlos Mariátegüi.
Sin embargo, el país ha tenido importantes cambios en su estructura econ6mica, social y política sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Este proceso de desarrollo tiene su base en la variación del modelo de acumulación de capital que hasta los anos treinta fue básicamente primario exportador y que a partir de la década de los cuarenta se desarrolla un proceso de industrialización dependiente, siguiendo las propuestas de desarrollos cepalinos; sustitución de importaciones.
A consecuencia de lo anterior se establece un modelo de desarrollo urbano industrial el mismo que va acompañado de la disgregación de las relaciones de producción pre capitalistas que eran mayoritarias en nuestro país, y que luego tiene como consecuencia un proceso de migración del campo a la ciudad dando origen a la aglomeración urbana en las principales ciudades de la Costa y generándose los problemas de macrocefalia y de un mercado interno propicio para el desarrollo de la industria.
Dicho proceso tiene impacto en la estructura social, configurándose una nueva composición del mismo no sólo al nivel de las capas sociales dominadas sino también dominante, por lo que las normas de dominación y de legitimación fueron puestas en cuestión. Con el proceso de los grandes movimientos campesinos y otras formas de lucha, las expresiones políticas y sociales van dando cuenta de los importantes cambios en la sociedad peruana. Los movimientos surgidos de esta nueva configuración de la estructura social ponen en cuestión los postulados programáticos de los Partidos constituidos en los años veinte y traen como consecuencia el surgimiento de nuevas agrupaciones políticas que lideran estas causas.
Con el golpe militar de 1968, por el General Juan Velasco Alvarado que inicia un conjunto de reformas, termina una etapa de cambios en la sociedad peruana. El Estado oligárquico llega aparentemente a su fin, esta casta social es depurada como fracción en el Estado; se depura en sentido capitalista.
La fracción terrateniente‑gamonal es liquidada con la reforma agraria eliminándose las relaciones no capitalistas de producción que aun persistían. La constitución de la economía peruana es básicamente capitalista y se produce un importante crecimiento de sus sectores urbano industriales expresándose socialmente en el desarrollo de los nuevos movimientos en donde la clase trabajadora pasa a liderarlos. Las grandes movilizaciones nacionales de la década del setenta contra el Gobierno Militar son la expresión social más importante de la organización de los pobladores generándose consecuentemente múltiples formas de organización vecinal que juegan un papel importante en la lucha frente a las políticas estatales.
Es así que gran parte de líneas básicas programáticas de los Partidos políticos son absorbidas por el propio desarrollo y necesidades de la sociedad peruana y por las reformas implementadas por el régimen militar de la década del setenta. Esta crisis programática es consecuencia de: La reforma agraria, la nacionalización de las empresas imperialistas, la reforma de la educación, del sistema financiero, la reforma del Estado y su rol empresarial, etc.
El epílogo de este proceso se expresa en el plano jurídico y constitucional. La Asamblea Constituyente de 1979, aprueba una Constitución política que recoge los cambios operados en esta etapa uno de cuyos aspectos más importantes es, sin duda, la Regionalización y descentralización del país. “La Revolución Francesa» cuya similitud no tuvo nuestro país se produjo en forma impactante en nuestra sociedad durante estas décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, en la década del ochenta se van a producir importantes acontecimientos políticos de repercusión mundial, la crisis del sistema capitalista iniciada en los años setenta luego de un período de prosperidad y crecimiento se profundiza en esta ultima década sobre todo en los países centrales más importantes como Estados Unidos a Inglaterra.
Pero uno de los hechos más significativos es, el desmoronamiento de los países socialistas y previo a ello la declinación de los faros ideológicos de las izquierdas marxistas que los llevo a la desocupación en ese sentido y a su crisis interna.
Hoy, en los inicios de la década de los noventa y final de este milenio, los Partidos políticos del Perú se encuentran en una profunda crisis ideológica. Los planteamientos programáticos están desfasados de la nueva realidad del país. No se ha producido la renovación y actualización de ellos. La velocidad de los cambios producidos en la sociedad peruana han puesto en crisis nuestra estructura económica, el actual modelo de acumulación de capital, patrón de crecimiento y los ensayos de estabilización de corte fondomonetarista. La propia teoría económica se encuentra entrampada en clásicos análisis y modelos que en lugar de superar las crisis cíclicas del capitalismo lo profundizan.
A nivel de estructura social en nuestro país han surgido nuevos sectores sociales que han replanteado los viejos esquemas tanto funcionalistas como marxistas‑leninistas.
Estos nuevos sectores sociales han constituido nuevas formas de organización en las distintas áreas de la estructura social planteando nuevos mecanismos de representación social, política y de sus relaciones con la institucionalidad estatal. A este fenómeno lo denominan algunos, el desborde popular de la institucionalidad. Por otro lado, los niveles de violencia social y política se han incrementado hasta el extremo de tener a mas de la mitad del territorio nacional en estado de emergencia, ello como resultado de la guerra interna que sacude al país y la agudización de las contradicciones sociales producto del hambre y la miseria estructural así como de las políticas económicas fondomonetaristas.
A nivel de la representación de los Partidos políticos, estos han demostrado incapacidad para transformar sus niveles de organización y de representación para adaptarse a los cambios producidos en la base social, convirtiéndose en estructuras burocráticas, básicamente electorales y en muchos casos de clientelismo político sobre todo en los momentos que tienen acceso a los mecanismos institucionales del Estado.

El proceso de Regionalización y la crisis del Estado
Una de las tesis más consistentes con respecto a la crisis del Estado, es aquella que señala que es producto de la separaci6n entre sociedad política y sociedad civil. Es decir, el Estado no representa a la sociedad, estas han variado en su estructura social tanto cualitativa como cuantitativamente y, por lo tanto, los mecanismos de dominación y legitimidad están en cuestión. A ello hay que agregar que la crisis del Estado es, también, la crisis del patrón del poder político, en tanto el poder esta concentrado y tiene como su eje al Estado.
Este fenómeno de la crisis del Estado no es particular del Perú, es un proceso que se esta produciendo en América Latina frente a lo cual se han iniciado importantes debates y por consiguiente propuestas y acciones para superar esta situación. Las salidas que se plantean a este fenómeno de crisis del Estado son la reforma, la reestructuración, democratización y la modernización del Estado.
Esta crisis tiene diversas formas de expresión, la centralización de las decisiones y de la administración publica es una de ellas con su correlato de burocratismo, corrupción a ineficiencia. Los mecanismos institucionales de dominación ya no son eficaces. Las instituciones como el Poder judicial, diversas instituciones de servicios públicos entre otros están desacreditadas por la inmoralidad y corrupción.

La democratización del poder político
El proceso de Regionalización y descentralización es una redistribución espacial del Poder político al constituirse cada una de las Regiones. Esta redistribución del Poder genera ejes políticos que reordenan en cada Región la practica de las agrupaciones políticas y sociales en un nuevo espacio de actividad socioeconómica. El nuevo orden creado en el espacio regional pone en discusión las practicas políticas que el centralismo ha constituido en todas estas décadas de vida republicana.
El proceso así expuesto, es conflictivo, en la medida que los reacomodos de las nuevas formas de poder implican perdidas y ganancias para las agrupaciones políticas, sobre todo para aquellas que tradicionalmente la ejercen desde la Capital de la Republica. A nivel del poder económico tanto en la Capital como en las Regiones inexorablemente tienen que reordenarse en tanto que los Gobiernos Regionales hacen gestión gubernamental en el rubro de las inversiones y decisiones de orden económico‑financiero.
En el ámbito de la estructura de poder de los Partidos políticos, el proceso de Regionalización y descentralización tiene un impacto importante que no se percibe ni alcanza a comprender por el momento. La estructura orgánica de todos los Partidos están diseñados en función del ejercicio centralista de la política. Las direcciones nacionales y los dirigentes mayores están en Lima y allí se toman las decisiones políticas, en tanto el poder esta concentrado, y sus niveles provinciales solo son una correa de transmisión para efectos de las campanas políticas electorales. Con la Regionalización la figura es totalmente diferente; la desagregación del poder político central y su constitución a nivel regional, establecerá una nueva estructura de poder político nacional‑regional, potenciando comités políticos provincianos a nivel de Regiones en desmedro de su dirección nacional y bases capitalinas.
Esta nueva situación en los Partidos políticos, les permite autonomía a las bases partidarias agrupadas regionalmente, reactivándose y generando consiguientemente una nueva dinámica política por su responsabilidad en el frente regional.
En ese sentido, las expresiones políticas tanto a nivel del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo están también replanteadas ya que progresivamente perderán el poder político que representan. El Consejo Regional y la Asamblea Regional ejercen hoy parte del poder político que anteriormente concentraban estas instancias del poder central.
Por estas razones, las elites partidarias de la Capital que ejercen las practicas políticas, tanto a nivel gubernamental como a nivel de las direcciones nacionales y los gremios sindicales y empresariales no les parece bien el proceso de Regionalización y descentralización, ya que el mismo debilita su poder. Consecuencia de ello son los actuales conflictos político‑partidarios que en algunos casos ha llevado a agudizar la crisis en curso de los Partidos, que se manifiestan en expulsiones y direcciones paralelas en las Regiones. Unas que obedecen a Lima y otras a las Bases regionales.

La redistribución de los recursos económico financieros
La legislación regional vigente, establece la redistribución del presupuesto publico, de los servicios financieros, de la tributación, de la gestión empresarial estatal y de los grandes proyectos especiales de desarrollo.
No es un proceso exclusivamente de descentralización administrativa como algunos sectores de opinión califican, o tergiversan al proceso de Regionalización y descentralización. El presupuesto publico se administración y ejecutara de manera descentralizada a través de los Gobiernos Regionales. Se aprueba el Presupuesto Nacional por Ley y cada Gobierno Regional por el mismo procedimiento aprueba sus respectivas normas de gestión publica y fiscal.
De igual modo, a través de la normatividad complementaria, los servicios de intermediaci6n financiera tienen un carácter regional, impidiendo la descapitalización de la Región y la transferencia de recursos a la Capital. Asimismo, dispone que los recursos financieros se reinviertan, constituyéndose consiguientemente un circuito financiero interno en cada una de las Regiones.
Por otro lado, la legislación también otorga a los Gobiernos Regionales la total administración de los impuestos a la renta y al patrimonio, dejándose abierta la posibilidad de crear mediante delegación de facultades legislativas otros impuestos así como nuevos tributos de especifica aplicación regional.
Las Leyes de creación de las Regiones, disponen la transferencia de las empresas estatales a la administración regional, asumiendo estas el integro de la gestión empresarial. Legalmente los Gobiernos Regionales tienen la potestad de crear y/o modificar empresas de diferentes tipos en el ejercicio de su actividad empresarial regional.
Finalmente, los proyectos especiales de desarrollo ubicados en el ámbito de las Regiones se han transferido a los Gobiernos Regionales respectivos, por Canto la gestión de los mismos es íntegra responsabilidad de ellos. Resumimos: atacando todos los frentes, irreversiblemente, las Regiones tendrán su propia dinámica económica, política y social.

4. LINEAMIENTOS PROGRAMÁTICOS DE LA REVOLUCIÓN REGIONAL

El actual proceso de Regionalización y descentralización, es una respuesta frente al centralismo, la concentración y la aglomeración urbana que caracteriza a la sociedad peruana. Es una transformación económica, social y política de una forma de capitalismo centralizado hacia un capitalismo descentralizado, más equilibrada y armónica. Este reordenamiento de la sociedad peruana plantea dos vías: una estatal capitalista y otro popular y revolucionaria, puesto que esta transformación puede tergiversarse hacia una nueva forma de articulación capitalista dependiente descentralizada que reproduzca a nivel regional los patrones de crecimiento económico y los modelos de acumulación de capital que hoy hacen crisis cíclica o en su caso, como debe ser, hacia un nuevo modelo de desarrollo que signifique simultáneamente una descentralización socializada del poder económico y político como transición hacia un nuevo tipo de sociedad con libertad y justicia social.
Sin embargo, este proceso no ha sido suficientemente evaluado por los Partidos políticos en general; en sus Planes de Gobierno y sus propuestas programáticas. El proceso de Regionalización sólo constituye un capítulo mas o una reivindicación y en el mejor de los casos una democratización tibia y limitada del Estado. No es el momento para profundizar la crítica a las tesis que hoy plantean los Partidos, tanto para la coyuntura como para el largo plazo. La mayoría de estas propuestas aun están entrampadas ideológicamente en modelos tradicionales y en algunos casos como el Partido del Pueblo de sobreponerse a las nuevas tendencias reales de la sociedad peruana. Por esa razón; no les es posible ver en este nuevo movimiento las perspectivas viables de transformación, las mismas que están presentes en el proceso crítico que esta sufriendo nuestra estructura económica, social y política.

Estrategia para la transformación de la estructura económica de la sociedad
Partimos señalando que‑ el carácter estructural de la cuestión regional, tiene dos características: 1) Una infraestructura física espacialmente ubicada de difícil traslado, compuesta por ciudades, vías de comunicación, minas, puertos, fabricas, energía y población aglomerada alrededor de dicha infraestructura; 2) Patrón de crecimiento y funcionamiento de la economía cuyo cambio sólo es posible en base a las grandes decisiones políticas en el plano de la producción, propiedad, regulación estatal, distribuci6n, es decir del poder económico y político.
Este proceso hace posible la transferencia de recursos humanos, y financieros del interior a la Capital. Es la centralización de los flujos económicos, de los excedentes mineros, agropecuarios, pesqueros; centralización estatal, de casi todos los impuestos.
Los efectos de la centralización de los flujos económicos son dobles: 1) Disminución de la posibilidad de inversión en las Regiones donde se generan los excedentes; 2) Centralización en Lima de las decisiones de asignación a inversión de ingresos y excedentes cuyo criterio es la rentabilidad mayor con el menor riesgo posible.
Frente a esta situación la Regionalización y descentralización del país es una respuesta que ataca todos esos frentes descritos y que requiere ser asumida como una propuesta de transformación de la sociedad, siempre y cuando se diseñe una estrategia que la conduzca a ella, que permita en primer lugar que no fracases que no sea un simple reacomodo de un desarrollo capitalista descentralizado que reproduzca en las Regiones la crisis cíclica del capitalismo; y, en segundo lugar, que establezca las bases de un nuevo desarrollo largo y sostenido que transforme las estructuras hacia un nuevo tipo de sociedad. Ello implica asumir una alternativa programática que conduzca el proceso de Regionalización hacia los objetivos de una nueva estructura económica, o sea una estrategia de desarrollo regional autónoma a integrada. En otras palabras una nueva estrategia de poder político y económico.
Cuales son las características de esta estrategia de desarrollo regional‑autónomo a integrado? Significa, en primer lugar, romper con el modelo de acumulación de capital nacional regional y con el patrón de crecimiento primario exportador semi industrial que ha caracterizado nuestra economía.
Este patrón de crecimiento primario exportador semi industrial dependiente (PESID), deja de lado el desarrollo de las fuerzas productivas internas del país y produce un falso desarrollo industrial en tanto se hace sobre la base de tecnología a insumos industriales importados. Al crecer la economía necesita mayores reservas en dólares, lo que al agotarse produce una crisis en la balanza de pagos ocasionando todos los «desequilibrios» que caracterizan las cíclicas de nuestra economía. Por otro lado, el modelo primario exportador esta sujeto a los precios internacionales y a la división internacional de trabajo. A1 cambiar esta división internacional y los precios por la necesidad de la economía capitalista internacional nuevamente repercute en nuestra balanza de pagos con las consecuencias antes señaladas.
Una estrategia de desarrollo regional autónoma significa romper con el PESID estableciendo un nuevo patrón de crecimiento a partir de las Regiones. La propuesta es el desarrollo de un patrón de crecimiento exportador, no primario, agroindustrial autónomo que permita generar varios circuitos internos regionales integrados y complementarios entre ellos, de acumulación de capital que posibilite la reinversión y el crecimiento regional nacional.
Como puede observarse, no se trata de establecer un desarrollo autárquico en las Regiones, muy por el contrario, implica las interrelaciones económicas de las Regiones, la maximización de las ventajas comparativas regionales que permitan un intercambio ventajoso interregional dentro de una propuesta de desarrollo nacional‑regional a partir de las Regiones.
En este sentido, se trata de priorizar el desarrollo agroindustrial en las Regiones, la especialización y complementariedad productiva, una división del trabajo interregional, el use intensivo de la mano de obra, insumos nacionales y tecnología intermedia, ello hasta donde sea posible. Es decir, un desarrollo industrial basado en los propios recursos de las Regiones y de sus fuerzas productivas.
Esta propuesta implica replantear la concepción de desarrollo regional y los esquemas clásicos de planificación del desarrollo. La reorientación del tipo de desarrollo productivo en las Regiones es un problema de poder, puesto que significa en primer lugar enfrentarse con los intereses económicos tradicionales que han manejado el país; las propuestas en curso de los nuevos sectores económicos que han surgido en estas últimas décadas y en general de las propias tendencias centralistas. A nivel de cada Región en esta primera etapa del proceso ha comenzado a constituirse lamentablemente una nueva trama de intereses que puede poner en riesgo la viabilidad de cualquier alternativa de transformación.
En ese sentido, una estrategia de desarrollo regional autónoma, necesita ser concertada a nivel del área productiva con aquellos sectores que estén de acuerdo con ellos y puedan establecer la dinámica económica regional. Ello tiene su base en los productores directos en cada Región, su organización y potenciación, evitando la concentración de la producción en pocos agentes, estableciendo una política empresarial del Estado que privilegie la empresa mixta para atraer el capital privado en condiciones favorables para el manejo de las empresas, todo esto dentro del programa de desarrollo regional para garantizar la producción y productividad; apoyar económica y financieramente a las organizaciones de productores en cooperativas, formas asociativas diversas y autogestionarias. Por ello, señalamos que esto debe estar inscrito en mecanismos de socialización de la producción que significa la libre organización de los productores directos a fin de que los excedentes beneficien a las amplias mayorías.
Los objetivos de esta estrategia son: incrementar el empleo y la distribución del ingreso, satisfacer las necesidades básicas de la población regional y local, crear un mercado interno autónomo y planificado regionalmente, fomentar la autoorganización de los productores y la dirección de la producción, distribución y consumo regional.

Estrategia para la constitución del poder político regional
Una estrategia de desarrollo regional autónomo tiene dos componentes; uno político y otro económico. No podríamos desarrollar un nuevo patrón de crecimiento regional agroindustrializado, exportador no primario, ni cumplir con los objetivos de esta estrategia sino existe la voluntad política y la organización del poder regional para hacerlo factible.
A nivel regional el poder político se concentra hoy en la Asamblea Regional y el Consejo Regional. Son estos mecanismos de Gobierno que deben ser perfeccionados para hacerlo avanzar hacia una mayor participación de la población a fin de fortalecer el poder en estas instancias. Ello implica desarrollar la democracia directa de los trabajadores en la Región que impida la constituci6n de una burocracia política estatal a nivel de Gobierno Regional como clase política dominante; en segundo lugar, a nivel de las asambleas regionales la relación con los productores debe ser directa en sus diversos niveles que permita la capacidad de concertar, diseñar y acordar el patrón de crecimiento regional propuesto.
De igual manera, esta debe ser la tendencia política que debe operarse en cada una de las subregiones en los Consejos Subregionales y a nivel local, con el fin de tener una base social lo más amplia y democrática posible para resistir a los intereses económicos y políticos del centralismo.
Sin voluntad política, sin fortalecimiento y ampliación del poder político‑regional no es posible una estrategia en la esfera económica. Sobre esta base es posible constituir un nuevo poder regional‑nacional capaz de garantizar la transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas que han producido centralismo en todo este siglo y medio de vida republicana y posibilitar la construcción de una sociedad con justicia social y libertad.

5. LINEAMIENTOS PARA LA LUCHA POLÍTICA ACTUAL COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DEL PROGRAMA DE LA REVOLUCIÓN REGIONAL

La estrategia diseñada requiere señalar los pasos iniciales para ser viable políticamente, es decir de una táctica que exprese en el momento actual la propuesta estratégica. Ello implica partir de las condiciones actuales del proceso de Regionalización y descentralización del país.
En primer lugar, es necesario asumir la defensa y consolidación del proceso de Regionalización frente a la arremetida de la política antiregional y neocentralista del actual Gobierno. En segundo lugar, reorganizar las bases sociales y políticas territorial y funcionalmente a nivel de cada una de las Regiones para que actúen descentralizadamente y fortalezcan sus instancias orgánicas. En tercer lugar, establecer una plataforma del pueblo teniendo como eje los Gobiernos Regionales y que básicamente es una propuesta de defensa y consolidación del actual proceso, pero orientada a la estrategia que se ha diseñado. En cuarto lugar es necesario unificar las fuerzas sociales y políticas constituyendo un amplio frente regional‑nacional.
Sobre el primer punto, la defensa y consolidación del proceso de Regionalización implica establecer una plataforma de lucha que considere: la descentralización económica y financiera qua establece la legislaci6n vigente, la defensa de la autonomía y competencias regionales frente a la política antiregional del actual Gobierno, la ejecución prioritaria de proyectos estratégicos vinculados al desarrollo regional‑nacional, un programa de pacificación regional a partir de los Gobiernos Regionales, el funcionamiento efectivo del Consejo Presidencial de Coordinación Regional como órgano al más alto nivel para concertar las políticas nacionales con las regionales, como por ejemplo las políticas macro‑económicas.
A nivel de cada Región se debe establecer un gran frente regional nacional que permita la concentración de las fuerzas políticas y sociales que haga suyos la plataforma y el programa regional que tienen como su eje la estrategia del desarrollo regional autónomo propuesta.
Como lo demuestra la practica política a nivel de las Regiones cuando se trata de asumir la defensa de los intereses de las Regiones, las fuerzas políticas se unifican por encima de las ideologías y de las fronteras partidarias. Este es un elemento de suma importancia para constituir la más amplia base social y organizativa del frente propuesto que debe tener su eje en los Gobiernos Regionales y a través de ella y no por fuera para evitar que los intereses secundarios de las tendencias políticas rompan, bloqueen y fraccionen la organización de los objetivos de transformación social del país.